El gobierno anunció que el proyecto de ley pretende sustituir las políticas fracasadas sobre el cannabis, reducir el mercado informal y proteger a la juventud, pero se enfrenta a un feroz debate parlamentario.
Las políticas y derivas securitaristas, militaristas y estigmatizantes del presidente mexicano empañan lo auspicioso de una cumbre que debería alentar una estrategia regional progresista en materia de drogas.
La cobertura reciente simplifica en exceso y tergiversa las causas profundas de la falta de vivienda, los problemas de drogodependencia y la delincuencia, que no responden a la despenalización de las drogas, sino a factores socioestructurales más amplios, como la exclusión social, la crisis de la vivienda, la inseguridad económica y las repercusiones duraderas de una pandemia mundial.
La caída de los precios ha sumido en la miseria a miles de familias cocaleras, subrayando la necesidad de soluciones sostenibles a la precaria dependencia de las comunidades rurales a este inestable mercado ilícito.
En vez de negar la existencia de fentanilo y arremeter contra la reducción de daños, el gobierno federal debería invertir en respuestas de salud y desestigmatización que protejan a la ciudadanía.
Al simplificar la compleja relación entre los actores estatales, los ciudadanos y las economías informales globalizadas de la droga, el término sirve a menudo para alimentar la estigmatización, los estereotipos nocivos y el aumento de la violencia.
Reformar las políticas de drogas, adoptar medidas no privativas de la libertad y luchar contra las causas profundas de la participación en actividades criminalizadas son algunas de las muchas formas en que los Estados pueden frenar el vertiginoso aumento del encarcelamiento femenino.
En lugar de redoblar las políticas prohibicionistas contraproducentes, los gobiernos deberían invertir en alternativas sanitarias basadas en pruebas, servicios de apoyo y mejores enfoques de la regulación, como un suministro más seguro.
Aunque las repercusiones a largo plazo de esta prohibición sobre la oferta mundial de heroína dependerán en gran medida de las posteriores posibles prohibiciones del cultivo y el comercio, los medios de subsistencia de miles de trabajadores sin tierra están en peligro.
El hundimiento de la reforma constitucional por un pequeño margen y la pobreza de los argumentos en contra indican la necesidad de continuar el trabajo de pedagogía sobre la importancia de los mercados regulados.
