Si bien los estragos de las fuerzas represivas del estado sobre el bienestar de las personas usuarias son conocidos, menos discutidos son los impactos de la institución médica.
El IDPC se une a decenas de ONG en solicitar que la próxima conferencia sobre políticas de drogas entre Colombia y México marque distancia con el enfoque bélico y construya una estrategia regional basada en la evidencia, la salud pública, la participación y el respeto a los derechos humanos.
Aunque no se trata de un modelo de regulación integral, la nueva legislación permite a los adultos poseer hasta tres gramos de cannabis y cultivar hasta cuatro plantas en un lugar seguro.
El gobierno anunció que el proyecto de ley pretende sustituir las políticas fracasadas sobre el cannabis, reducir el mercado informal y proteger a la juventud, pero se enfrenta a un feroz debate parlamentario.
Las políticas y derivas securitaristas, militaristas y estigmatizantes del presidente mexicano empañan lo auspicioso de una cumbre que debería alentar una estrategia regional progresista en materia de drogas.
La cobertura reciente simplifica en exceso y tergiversa las causas profundas de la falta de vivienda, los problemas de drogodependencia y la delincuencia, que no responden a la despenalización de las drogas, sino a factores socioestructurales más amplios, como la exclusión social, la crisis de la vivienda, la inseguridad económica y las repercusiones duraderas de una pandemia mundial.
La caída de los precios ha sumido en la miseria a miles de familias cocaleras, subrayando la necesidad de soluciones sostenibles a la precaria dependencia de las comunidades rurales a este inestable mercado ilícito.
En vez de negar la existencia de fentanilo y arremeter contra la reducción de daños, el gobierno federal debería invertir en respuestas de salud y desestigmatización que protejan a la ciudadanía.
