La ejecución, en su mayoría, de hombres pobres, de minorías étnicas, con una larga historia de marginalización y vulnerabilidad, no ayuda a crear comunidades más seguras y compasivas.
El proyecto de ley se traduciría en un aumento de los abusos contra los derechos humanos en nombre del control de drogas, entre otras cosas mediante la participación de las fuerzas armadas en el tratamiento y la ampliación de la detención obligatoria.
Activistas denunciaron que la medida supondrá fondos suplementarios para la policia y, al establecer umbrales muy bajos, perpetuará la intervención policial en la vida de las personas usuarias de drogas.
Bolivia exigirá a la OMS reconsiderar la estricta clasificación internacional de la coca, considerada como una anomalía histórica por el gobierno, investigadores y activistas.
En un reciente diálogo nacional organizado en colaboración con el IDPC, el Ministro del Interior expresó su apoyo a un enfoque más humano de la política de drogas.
Las organizaciones de la sociedad civil instan a la directora de la ONUDD, Ghada Waly, a que pida a los Estados miembros que cambien sus políticas y prácticas en materia de drogas para cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a que sitúen los derechos humanos en el centro de todas las dimensiones del trabajo de la ONUDD.
Los perfiles de las mujeres encarceladas son notablemente similares: la mayoría son madres, a menudo cabezas de familia solas, que provienen de situaciones de vulnerabilidad.
