La OMS se comprometió a asegurarse que la revisión no se dilatase y el Vicepresidente subrayó la importancia de un proceso abarcante, que incluya los usos tradicionales.
Ohio se convierte en el vigésimo cuarto estado de EE.UU. que regula legalmente el cannabis, lo que aumenta la presión sobre el gobierno federal para la retirar la sustancia de la lista de sustancias controladas, y descriminalizarla.
La regulación del cannabis en Jamaica debe cambiar de rumbo y de prioridades: de permitir la codicia empresarial y perpetuar la desigualdad racial, a priorizar la equidad social y las reparaciones.
El Alto Comisionado Volker Türk animó a más países a iniciar su travesía hacia la comprensión del consumo de drogas como una cuestión de salud pública y derechos humanos, incluso mediante la adopción de la descriminalización.
Otras cuatro asociaciones están tramitando la obtención de licencias operativas para suministrar cannabis a sus miembros, al tiempo que tratan de evitar la comercialización.
Además de presentar un panorama regional del tema, las panelistas van a discutir la nueva Ley de Utilidad Pública en Colombia y los retos para su implementación
LANPUD aboga por una lucha anti-prohibicionista que centre las necesidades de las mujeres y personas no-binarias en su complejidad y exposición a diversas formas de opresión racial, económica y de género.
El más reciente informe del ACNUDH abre una puerta única de diálogo entre Viena y Ginebra, entre la política de fiscalización de drogas y el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Basados en conexiones entre pares y con la planta en vez del rédito financiero, los clubes ofrecen gran potencial para regímenes regulatorios que promuevan la participación, la reducción de daños y los derechos humanos.
Si bien la nueva política es enfática sobre la protección de los derechos humanos y la inclusión de algunas comunidades marginadas, su capacidad de transformación dependerá de cómo se implemente.
Representantes de pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes de Bolivia, Colombia y Perú discutieron las contradicciones entre la política de drogas punitiva y los derechos económicos, sociales y culturales.
