El proyecto Khoka Alternativa tuvo como objetivo producir documentos jurídicos y técnicos que sirvan de base para la regulación de los usos de la hoja de coca y sus derivados en Colombia. La metodología general buscó realizar revisiones de la bibliografía al respecto, para llegar a tener un documento técnico que presente la evidencia científica médica de los usos de la hoja de coca y sus derivados, así como un documento sobre el impacto ambiental de los cultivos de la hoja de coca en Colombia. El componente jurídico sobre la validez del contenido del proyecto de ley y los alcances y límites con base en la legislación vigente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se basó en una revisión crítica que conllevó a un análisis de las posibilidades jurídicas y políticas para la investigación de la coca en general.
El IDPC y MUCD ofrecen una visión general de los modelos de regulación y recomendaciones generales para mejorar las políticas públicas donde ya se ha legislado, y oportunidades para mejorar la toma de decisiones dónde aún queda pendiente.
Las modificaciones "inter se" proveen una válvula de escape útil para la acción colectiva en materia de ajustes a el régimen de los tratados de la ONU sobre el control de drogas.
Youth RISE Nigeria plantea algunos de los problemas que entraña la recopilación de datos en el país y exige compromisos más sólidos para implantar de manera efectiva los servicios de reducción de daños y prevención del VIH en un entorno propicio.
Este documento ofrece recomendaciones para superar los desafíos que entrañan las políticas y prácticas actuales en Tailandia, de modo que el sistema de tratamiento de drogas pueda generar mejores resultados de salud y derechos humanos para las personas que consumen drogas y dependientes de ellas. Más información, en inglés, está disponible abajo
By Pascal Tanguay (LEAHN — Law Enforcement and HIV Network) and Verapun Ngamee (Ozone Foundation)
In 2016, the Kingdom of Thailand formally decided to re-allocate responsibility for drug dependence treatment from the Ministry of Justice (MOJ) to the Ministry of Public Health (MOPH) by the end of 2018. The reforms are designed to increase voluntary access to client-centred drug dependence treatment where the MOPH will be expected to develop guidelines, operati ng standards and monitoring and evaluati on indicators to assess performance. Although Thailand’s drug treatment system has raised significant concerns over the past 15 years, this change is intended by the Government to indicate a shift in the overall approach to drug use and dependence to one based on health and human rights.
For the transition from public security to public health management of drug dependence treatment to generate positive results, the MOPH will require significant support to ensure adequate capacity to deliver drug treatment services that accord with scientific and international standards. Challenges to an effective transition lie in two key areas:
1. The objectives and guiding principles for a national drug treatment system based on principles of health and human rights are yet to be established, and need to be improved and aligned with international guidelines and good practices in order to generate better health outcomes for people who are dependent on drugs.
2. Diversion of people caught using drugs to drug treatment will still be managed and coordinated under the 2002 Narcotic Addict Rehabilitation Act, which retains punitive and coercive elements such as forced urine testing by law enforcement officers.
This paper offers a brief analysis of these two challenges in light of current policies and practices, along with recommendations for overcoming them to ensure the implementation of a drug treatment system that can result in improved health and human rights outcomes for people who use drugs and people dependant on drugs.
Intercambios Asociación Civil presenta una selección de las ponencias realizadas durante las ocho Conferencias que tuvieron lugar entre 2010 y 2017 en la Ciudad de Buenos Aires.
El Transnational Institute provee una visión de conjunto sobre la producción local y plantea avenidas para avanzar hacia la regularización de este mercado ilícito.
Tanto la penalización del uso de drogas como la fuerte estigmatización y discriminación a las que están expuestas las personas consumidoras afectan de forma negativa el acceso a los servicios de salud para la población en Oriente Medio y el Norte de África.
La contribución de EQUIS al Comité CEDAW arroja luz sobre el limitado acceso de las mujeres a la justicia, las penas de encarcelamiento desproporcionadas y la necesidad de reformas.
