Este informe brinda una aproximación sobre el abordaje actual del tema de drogas en el contexto costarricense, y busca dar insumos para promover el debate en torno a las políticas de control de drogas.
Este informe analiza el resultado de los acuerdos parciales sobre drogas que se adelantan en La Habana entre las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Gobierno colombiano.
Nadie debe ser arrestado, encarcelado, o deportado simplemente por usar o poseer una droga; y eso lleva a dos reformas: legalizar y regular la marihuana, y dejar de arrestar y criminalizar a la gente que use o posea cualquier otra droga.
Este documento desarrolla los principales argumentos de por qué es pertinente, factible y crucial incluir a las personas que se inyectan drogas en las directrices y los programas nacionales de tratamiento de la infección crónica del virus de la hepatitis C, tanto desde la perspectiva de la salud pública como de los derechos humanos.
Este informe analiza las deficiencias relacionadas con la clasificación internacional de drogas fiscalizadas, y ofrece algunas recomendaciones para garantizar un sistema basado en la salud y las pruebas empíricas.
Este informe examina el alcance de los logros de Portugal y echa por tierra algunas de las afirmaciones erróneas sobre el innovador enfoque del país en materia de drogas.
La aspiración de una ASEAN libre de drogas para el año 2015 no es realista y los objetivos y recursos normativos deberían reorientarse hacia una estrategia de reducción de daños que permita gestionar –en vez de eliminar– el mercado ilícito de drogas de la forma menos perjudicial posible.
Este informe analiza las reformas de la policía en México, con un especial acento en los mecanismos de rendición de cuentas, y ofrece recomendaciones al respecto.
Este informe analiza las barreras normativas multijurisdiccionales que dificultan la ampliación de las iniciativas de prevención y tratamiento de las sobredosis por opioides en Canadá.
Sistemas sobrecargados es un estudio sin precedentes que compara las leyes de drogas y los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
