El aval del Consejo Nacional de Estupefacientes es ahora lo único que se interpone entre el presidente Iván Duque y su plan de reimplantar las fumigaciones aéreas para combatir los cultivos de uso ilícito.
3.000 pacientes de todo el país recibirán tratamientos con cannabis medicinal y su salud será supervisada por el organismo nacional de control de medicamentos.
Volver a permitir la fumigación aérea con glifosato para combatir el tráfico ilícito de drogas en Colombia tendría repercusiones desproporcionadas para el medio ambiente y la salud pública.
La política de drogas colombiana ha dado la espalda al Acuerdo de Paz y se ha traducido en violencias y tragedia para un campesinado cuyo compromiso con la sustitución de cultivos no encuentra homólogos en el gobierno.
La CIDH debe actuar para responder a la emergencia sanitaria en las prisiones y sus impactos específicos y desproporcionados sobre las mujeres privadas de la libertad.
Organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamamiento al gobierno colombiano para que no reactive su Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato.
Aunque el proyecto de ley deja de lado importantes disposiciones de justicia social propuestas por los defensores, refuerza un giro hemisférico hacia la regulación legal.
El régimen de Duterte está socavando el mero principio de presunción de inocencia, al expandir la cobertura legal para la destructiva “guerra contra las drogas”.
Dificultades que enfrentan activistas y algunas importantes reflexiones sobre las injusticias que confrontan las personas que consumen drogas en Túnez.
Aunque una mayoría de franceses están en favor de legalizar el cannabis para consumo personal, el país aún mantiene algunas de las leyes más severas sobre drogas.
El COVID-19 ha exacerbado inquietudes sobre racismo sistemático identificadas en cuando al acceso a servicios de salud para personas con dependencia a las drogas.
