Por un nuevo paradigma en las políticas de drogas: un llamado de la sociedad civil a los Estados de la región

“Aportes de la Sociedad Civil a los Gobiernos con vistas a la Asamblea Extraordinaria sobre el Problema Mundial de las Drogas de OEA del 19 de septiembre de 2014 en Ciudad de Guatemala”.

2 de septiembre de 2014 – San José, Costa Rica

En el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Partiendo de los consensos logrados durante la Asamblea General de la OEA de junio de 2013 en La Antigua, Guatemala, plasmados en las “Recomendaciones de la Sociedad Civil y Actores Sociales” (OEA/Ser.G – CP/CISC-688/13), hacemos llegar a los Estados Miembros presentes en la 46ª Asamblea General Extraordinaria de la OEA, los siguientes aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas (OEA/Ser.P AG/CP/GT/RDA-3/14 rev. 7, 29 de agosto de 2014).

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización. Reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros todos los años en periodos ordinarios de sesiones y también en circunstancias especiales. Cada Estado tiene derecho a un voto. La Asamblea General decide la acción y la política general de la Organización, determina la estructura y funciones de sus órganos, aprueba su programa, presupuesto y considera cualquier asunto relativo a las relaciones entre los Estados Miembros.

Aportes sugeridos al Proyecto de Resolución

• Consideramos que el actual enfoque de las políticas de drogas, centradas mayormente en políticas represivas, es lo que genera mayor ruptura de lazos sociales, marginalización, estigmatización y discriminación.
• La aplicación de las convenciones sobre drogas de la ONU, debe estar sujeta a los estándares establecidos en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos debe ser transversal a cualquier política de drogas que los Estados lleven a cabo.
• Se debe distinguir entre los daños asociados al abuso de drogas y los daños asociados a las políticas de drogas. Si bien es cierto que todo consumo de drogas es potencialmente riesgoso, en algunos ambientes donde imperan la criminalización y los enfoques punitivos de control, los daños asociados a las políticas pueden incluso sobrepasar a aquellos causados directamente por el abuso de las sustancias.
• Todos los cambios sobre políticas de drogas, actuales y futuras, bajo ninguna circunstancia deben causar o significar retrocesos en la democracia y el respeto a los derechos humanos; con la predisposición a explorar alternativas que busquen reducir la violencia y la militarización, incluyendo la posibilidad de que el Estado regule la disponibilidad –y por tanto el mercado- de ciertas drogas, no solo en lo referente al uso medicinal y de investigación.
• Reconocer que para reducir los niveles de violencia asociados al problema mundial de las drogas y sus delitos conexos, resulta esencial aplicar y fortalecer medidas más eficaces para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como su desvío hacia los grupos delictivos organizados, entre otras medidas de seguridad, para lo cual demandamos cooperación para el fortalecimiento de la capacidad de los Estados para tal fin.
• Es necesario diferenciar entre los distintos tipos de consumo, teniendo en cuenta que los problemáticos requieren una respuesta socio-sanitaria. (sin menoscabar la importancia de las políticas y acciones de prevención). Los Estados deben poner especial atención en los dispositivos de proximidad, de intervención comunitaria, como las estrategias de reducción de riesgos y daños. En este sentido, los Estados deben promover y fortalecer el desarrollo de dispositivos ambulatorios y de base comunitaria que se complementen con los de tipo residencial en una red de abordaje integral. Los dispositivos de atención a los usuarios deben basarse en fundamentos científicos y evidencia empírica ajustados a principios éticos, además de sancionar los servicios de salud que se presten por fuera de los marcos legales y no respeten los derechos humanos.
• Los Estados deben respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas. Los centros de tratamiento compulsivo deben ser suprimidos de las respuestas de salud pública.
• Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas y criminalizadas por su consumo. Se sugiere separar del campo penal y de la seguridad, el uso y consumo personal de las drogas. Sólo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente deben hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y de los sistemas de justicia.
• Creemos conveniente que la Resolución inste a adoptar medidas innovadoras respecto de la actuación de los sistemas penales, que tengan por fin la reducción del hacinamiento carcelario y de las detenciones de usuarios por posesión de drogas, asegurando laproporcionalidad de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delito y estableciendo y ampliando las alternativas al encarcelamiento.. Ello, excluyendo la implementación de Cortes de Drogas y todo otro tipo de medidas que perpetúen la misma lógica represiva y mantengan al sistema penal como regulador de problemáticas socio-sanitarias, que deben ser gestionados por las áreas pertinentes de los Estados. Asimismo es necesaria la revisión de ejecución de penas para delitos relacionados con las drogas.
• Incorporar una perspectiva de género que permita identificar y abordar los impactos diferenciales que el problema de las drogas tiene en la vida de las mujeres.
• Reconocer la experimentación de modelos normativos de regulación de las drogas, dado que aquellos hasta ahora desarrollados por la región resultaron ser inefectivos, costosos y contraproducentes. La finalidad de estos modelos alternativos debe ser reducir la influencia que hoy tienen las organizaciones criminales, con graves efectos de violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.
• Los Estados deben adoptar un enfoque integral en los programas de desarrollo alternativo a cultivos de uso ilícito, que tenga en cuenta la pobreza, exclusión social y abandono estatal de los cultivadores de la región.
• Reconocer los usos tradicionales como el masticado y otros usos cotidianos de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Los potenciales usos terapéuticos deberían ser investigados.
• La elaboración de un Plan de Acción Hemisférico de Prevención del Delito y la Violencia debe incluir, como uno de los factores que hoy contribuyen al incremento de la violencia y la delincuencia, las consecuencias de las actuales políticas de drogas o la llamada “Guerra contra las Drogas.
• Alentar un amplio y abierto debate para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan así al fortalecimiento de las estrategias nacionales, involucrando a todas las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios de drogas.

Llamamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Mujeres, y CICAD, así como otras entidades pertinentes de la OEA tales como el Mecanismo de Evaluación Multilateral, establezcan y fortalezcan su colaboración permanente en el tema e incluyan la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos de las mujeres, en la adopción de medidas o políticas para abordar este tema, incluyendo la instrumentación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción 2011-2015 y en el diseño del próximo Plan hemisférico 2016-2032.

Leer documento “Aportes de la sociedad civil (…)” completo.

Organizaciones firmantes:

1. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Costa Rica
2. Asuntos del Sur (ADS), Chile
3. Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCa), Argentina
4. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
5. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), Perú
6. Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), República Dominicana
7. Colectivo por la una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), México
8. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México
9. Corporación Humanas, Chile
10. Corporación Humanas, Colombia
11. Dejusticia, Colombia
12. Drug Policy Alliance (DPA), E.E.U.U.
13. Equis, Justicia para las Mujeres, México
14. Espolea Asociación Civil, México
15. Fundación Nueva Oportunidad, Costa Rica
16. Fundación Quitu Raymi, Ecuador
17. Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala
18. Intercambios Asociación Civil, Argentina
19. Intercambios, Puerto Rico
20. International Drug Policy Consortium (IDPC)
21. México Unido Contra la Delincuencia(MUCD)/Transform, México
22. Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), Bolivia
23. Puente, Investigación y Enlace (PIE), Bolivia
24. Proderechos, Uruguay
25. Psicotropicus, Centro Brasileiro sobre Políticas de Drogas, Brasil
26. Red Americana de Intervención en Situación de Sufrimiento Social (RAISSS)
27. Transnational Insitute (TNI), Países Bajos
28. Washington Office on Latin America (WOLA), E.E.U.

Contactos de prensa en la Ciudad de Guatemala los días 18 y 19 de septiembre:

• Pablo Cymerman, Intercambios Asociación Civil +54 911 6100 3000 pablocymerman@gmail.com
• Carmen Rosa de León, IEAPDES (+ 502) 52080607
• Enrique Álvarez, Incidencia Democrática (IDEM) (+ 502) 57046391