En esta sesión informativa sobre el 67º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU se debatieron los avances, los puntos muertos y las posibles vías de progreso para el régimen de control de drogas de la ONU.
El IDPC celebra que la Junta preste cada vez más atención a las cuestiones de derechos humanos y a la regulación del cannabis, al tiempo que lamenta la tergiversación de la evidencia sobre este último tema, las interpretaciones erróneas de la relación entre los derechos humanos y los tratados de control de drogas, y la falta de una reflexión constructiva sobre cómo abordar la proliferación de infracciones sistémicas en el régimen mundial de fiscalización de drogas.
La JIFE examina el funcionamiento del sistema internacional de fiscalización de drogas, dedicando un capítulo temático al análisis de la tendencia a legalizar el uso no médico del cannabis.
El IDPC aborda las tensiones a las que se enfrenta la JIFE, y el régimen mundial de fiscalización de drogas en su conjunto, en relación con el creciente número de jurisdicciones que adoptan mercados regulados legalmente, y concluye sobre la necesidad de reforma y modernización.
Se requiere acción urgente para asegurar que los sistemas nacionales mejoren el acceso a medicinas controladas para personas afectadas por emergencias, incluyendo las pandemias.
En una amplia discusión, Dr Naidoo, Presidente de la JIFE, reiteró algunas de las principales posiciones que la Junta ha asumido recientemente, enfatizando en el acceso a medicamentos esenciales.
Un Nuevo informe de la ONU sobre la situación global de drogas ha destacado la lucha entre países sobre el tema de la pena de muerte por delitos de drogas. Estas tensiones afloran mientas los estados miembros se preparan para llegar a acuerdos en Viena en el encuentro anual de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU para políticas sobre temas de control de drogas.
Las declaraciones de la JIFE y de la ONUDD resultaron mal preparadas, politizadas y poco diplomáticas, teniendo en cuenta que ambos organismos conocían el plan de Uruguay de regular los mercados de cannabis.
